Ilustración: María Luisa Hodgson

Donald Trump no está solo. El grosero, misógino y xenófobo magnate, el arrogante narcisista con olor a naftalina y cabellera oxigenada a quien casi todo se la pela ha encontrado aliados en La Moncloa. Su dedo acusador hacia la prensa libre, “el enemigo del pueblo”, se replica ahora en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al populista republicano que derrotó a Hillary Clinton y se enroca ahora en la Casa Blanca aunque la victoria de Biden ya es un hecho, le molesta que el periodismo fiscalice su jurisdicción, al igual que sucede en España con el Gobierno socialista entregado a las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya y Unidas Podemos. Otro populismo en torre de marfil. Eso sí, la vigorosa democracia estadounidense nunca permitiría la creación de un organismo público dedicado de forma específica a controlar la información que canalizan los medios de comunicación y plataformas sociales, hecho que sí acaba de suceder a este lado del Atlántico. La perturbadora orden publicada el jueves 5 de noviembre de 2020 en el Boletín Oficial del Estado inquieta a exégetas y colegas de pluma y micrófono. Las fanfarronadas del todavía presidente de Estados Unidos son una menudencia si se comparan con las lindezas que presenta el que ya se denomina Ministerio de la Verdad, el cual no es la solución para combatir los bulos o noticias falsas o fake news, que, por cierto, también generan troles al servicio de los partidos políticos. Esta labor, en su caso, debería acometerla una entidad independiente al poder, como sucede, por ejemplo, en el Reino Unido, con Ofcom para el sector audiovisual e Impress para periódicos y revistas. Por otra parte, la desinformación también se combatiría regulando, de una vez por todas, el ejercicio de la profesión periodística. Pero no. La autocracia hispana del secretario general del PSOE y de su neocomunista guardia pretoriana instalada en la casta que renegaban, prefiere, paternalista, proteger al vulgo. Se trata, en sintonía con los tres monos de Confucio (Mizaru, Kikazaru e Iwazaru), que la solícita ciudadanía no vea ni escuche ni hable con maldad. La estrategia nacional de lucha contra la desinformación se sustenta en una sociedad ingenua sin espíritu crítico y abonada al subsidio. Qué bien suena todo esto junto a la cateta y sectaria Ley Celaá que ningunea los suspensos en Secundaria y Bachillerato. Bailar tontitas y tontitos. La república bananera de España va cogiendo forma. Pasen y vean. El gran hermano controlador ya tiene nombre y apellidos: Consejo de Seguridad Nacional, Comité de Situación, Secretaría de Estado de Comunicación (bajo el mando del gurú Iván Redondo), Comisión Permanente contra la Desinformación y la autoridad pública competente. O sea, como cuando los gobernadores civiles ejercían la censura previa en tiempos de la dictadura del general Franco.

El azote del Franquismo y del fascismo y de los fachas y de la Ley Mordaza del Partido Popular reverdece el gris y actualiza aquellos libertarios “Picos de Águilas” de Alfonso García-Ramos en el periódico La Tarde. El 29 de noviembre de 1975 el director del Vespertino alertaba que sus compañeros de Redacción (“chicos revoltosos de la prensa independiente”) estaban pasando días de fuertes tribulaciones. Luego, el 10 de diciembre escribía que “el futuro de los españoles es más importante que los privilegios de una minoría por muy poderosa que sea”, mientras que el 30 de diciembre revelaba que la Dirección General de Prensa, adscrita al Ministerio de Información y Turismo, había multado al Periódico y a su director con cien mil y cincuenta mil pesetas, respectivamente, por una entrevista realizada por José Manuel Pérez y Borges al economista Ramón Tamames. Lejos de amilanarse, García-Ramos desafiaba la sanción con un dicho cubano: “La malaria, chico, la malaria, pero ya vendrán tiempos buenos en los que hasta los bueyes darán leche”. Pues eso.

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